La llamada policía política de España

¿Existe o no existe la llamada policía política en España?

Jorge Fernández Díaz

¿Por qué Jorge Fernández Díaz no admitió haber autorizado el registro sonoro de las reuniones que se producían en su despacho del Ministerio del Interior? Hay nuevas claves a la vista.

Es posible que exista una guerra abierta entre los sevicios de información de la policía y los servicios de inteligencia del CNI. Sucesivas grabaciones de conversaciones, publicaciones en los diarios de asuntos muy delicados sobre el rey Juan Carlos o la cadena de ceses que no parece acabar nunca podrían indicar que esa guerra en efecto existe y que se están aireando “asuntos de estado” en los que, supuestamente, estaría trabajando una especie de policía política.

En los últimos días el diario digital El Independiente ha publicado información muy sustanciosa sobre el episodio de la ya famosa grabación de la conversación que Fernández Díaz mantuvo con el director de la Oficina Antifradue de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N.

Conviene recordar que este episodio acabó con la posición política del anterior Ministro del Interior, que no fue refrendado después de las últimas elecciones y al que todos los grupos de la oposición vetaron para dirigir la Comisión Constitucional del Parlamento español, quedando relegado a la, hasta ahora prácticamente desconocida, Comisión de Peticiones.

La decisión de no admitir la autorización de la grabación parece inexplicable si se tiene en cuenta que la grabación de estas conversaciones no constituye ningún delito.Y no lo hace porque fue precisamente el entonces Ministro del Interior quien autorizó el registro de sus conversaciones con De Alfonso, con el objetivo, según parece, de que su interlocutor no se echase atrás posteriormente de lo dicho. En efecto, el Constitucional, en el 84, marcó la jurisprudencia: no es delito grabar una conversación propia.

Y es que el diario El Mundo publica este miércoles una entrevista al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, en la que ha reconocido que en el Ministerio del Interior se grababa “todo” para que constara “la postura de cada cual” y que las filtraciones de las grabaciones que mantuvo el exministro con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña se filtraron para “perjudicar a Fernández Díaz”.

También insiste Pino en que el problema del caso de espionaje no fue de quién grabó, sino de quién custodió la grabación. Y que hubo una investigación al respecto y un informe. Entonces, ¿se sabrá quién filtró?

Para El Independiente, Eugenio Pino entregó las cintas a Martín Blas para que las custodiara en su condición de jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Entonces, la relación entre ellos era muy estrecha pero esa confianza se quebró en 2015 cuando el propio DAO propuso la destitución del comisario Martín Blas por varios motivos, entre ellos reunirse con agentes del CNI sin autorización o hacer caso omiso a su orden de no reunirse con una periodista del diario Público que, efectivamente, firmó informaciones sobre dichas conversaciones año y medio después de que se produjeran y días antes de los comicios generales del 26 de junio, en los que el titular de Interior concurría como número uno por Barcelona por el Partido Popular.

Hoy hemos sabido que el nuevo Director Adjunto Operativo (DAO), el que sustituyó a Eugenio Pino tras su jubilación, ha cesado a Enrique García Castaño al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) tras ser grabado en unas conversaciones en las que aludía a un chantaje al Rey Juan Carlos y al CNI, mientras el actual Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pedía este miércoles en el Senado que se evite el alarmismo, que no existe ninguna policía política y que hay una investigación abierta.

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