Un mal uso de una grabación es peligroso no solo para el proceso jurídico sino para las personas que son nombradas o intervienen en la conversación.
Por ello es fundamental que las pruebas jurídicas solo sean aportadas en el foro oportuno y no en medios de comunicación, donde no solo desprestigian el nombre sino también el proceso.
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Nerviosismo en la cúpula judicial canaria por los nombres que aparecen en la conversación grabada por Ramírez.
De izquierda a derecha, Salvador Alba, Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial y de la Sección 6ª -quien, al parecer, fue informado por el propio Ramírez de la conversación que mantuvo con Alba- y Carlos Vielba.
A pesar de la apertura del expediente disciplinario al magistrado Salvador Alba, el nerviosismo se ha instalado en la cúpula judicial canaria al conocerse los nombres que figuran en la transcripción del audio que grabó el empresario Miguel Ángel Ramírez, el 16 de marzo pasado, en el curso de la conversación que mantuvo con el magistrado Salvador Alba en el despacho que éste tiene en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y dueño de Seguridad Integral Canaria, empresa que tiene la contrata de seguridad de la mencionada empresa , había sido imputado por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda en el pago a los empleados de la misma.
Según se desprende de la conversación, pretendía un trato de favor para salir del atolladero en un caso que había permanecido casi dos años semiparalizado en el Juzgado de Instrucción 8, del que había sido titular hasta finales de septiembre de 2015 la diputada de Podemos Victoria Rosell. Alba había asumido temporalmente la titularidad y reactivado el caso.
En la conversación aparece en persona Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de esa ciudad y de la Sección Sexta de lo Penal, de la que forma parte Alba. Moya conversa en el audio con el empresario, quien parece informarle de la conversación que ha tenido minutos antes con Alba sobre el caso.
Ramírez le revela a Alba que “Emilio es un amigo mío de puta madre”.
El segundo nombre que emerge es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste.
“¿Le vas a dar cuenta a Doreste de esta conversación?”, le pregunta Ramírez a Alba. “Por supuesto, yo le doy cuenta de todo esto”, le contesta el magistrado.
Alba envió más tarde un informe a Doreste y también al CGPJ dando cuenta del contenido de la conversación.
El tercer nombre que se cita es el de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y expresidente del TSJC, con el que Ramírez dice tener buenas relaciones y haber comido en Madrid para mediar en sus problemas. Una comida que Navarro niega que hubiera tenido lugar jamás.
El cuarto es el compañero de Sección de Alba, Carlos Vielba, a quien este denunció por intermediar a favor de Ramírez, con quien, al parecer, mantiene amistad.
Precisamente, fue la entrega, ante el Juzgado de Instrucción 2, de la grabación de una conversación que Alba mantuvo con Vielba, el pasado 2 de noviembre, en la que Vielba trató de convencerlo para que retirara la denuncia contra Ramírez, lo que tensionó más, si cabe, el ambiente. Máxime cuando contenía otra grabación con una conversación privada de sus compañeros.
Esto condujo, seis días más tarde -el 8 de noviembre- a que interviniera el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, comunicó a Alba la apertura de un expediente disciplinario contra su persona por la posible comisión de dos faltas muy graves.
Un día antes, Carlos Lesmes, Doreste y Fonseca-Herrero habían tenido una reunión sobre el asunto en la sede del CGPJ.
La esperanza es que el “suflé” deje de crecer y emprenda el camino opuesto.
Ayer, los jueces de los órganos unipersonales de Las Palmas de Gran Canaria exigieron que se depuraran las posibles responsabilidades penales o disciplinarias “de todos aquellos” magistrados que han provocado “que los jueces y juezas de Las Palmas, como colectivo nos encontramos cuestionados ante la opinión pública, y ellos con la independencia de la función o cargo que pudiran obstentarse por los responsables”.
En este sentido, el decano de los Juzgados de Las Palmas, Óscar González, leyó el comunicado, aprobado por unanimidad, por los jueces, en el que consideraba que “los hechos difundidos a través de los medios de comunicación” en torno a los casos Alba y Rosell y sus ramificaciones “son de extrema gravedad y habrían merecido la intervención inmediata de nuestros órganos de gobierno, siquiera de forma cautelar, restaurando de esta forma la imagen de la Justicia y la dignidad de la función”.
“No podemos mantenernos como meros espectadores ante hechos que afectan a la imagen de la Justicia en Canarias, que nos denigran como servidores públicos y que nos deslegitiman ante la opinión pública. Y ante la pasividad de aquellos que tienen como misión nuestra protección frente a ataques externos o internos, nos vemos obligados a dirigirnos a la ciudadanía”, afirmaron los magistrados.
Fuente de la noticia confilegal.com